[Artículo de la Ministra][Respuesta del consejo de rectores]
Para información actualizada sobre éstos y otros temas alusivos al contexto universitario colombiano, les recomiendo el sitio http://universidad.edu.co/
Posición de la ministra Cecilia María Vélez
Publicada en El Tiempo 7 de noviembre de 2009
El tema de la financiación de las universidades públicas se ha tomado el debate sobre la educación en Colombia en el último mes. El debate es bienvenido. Es innegable que las universidades públicas han crecido y que gracias a su dinamismo entre el 2003 y el 2008 aumentaron 30 por ciento su matrícula. Tenemos así mismo un número mayor de estudiantes en la educación superior, lo que nos ha permitido alcanzar un 35,5 por ciento de cobertura, tasa que supera el promedio latinoamericano. Las instituciones han hecho una tarea meritoria en términos de calidad e investigación.
El país puede estar orgulloso de estos logros. Y el Gobierno reconoce de manera pública que este resultado ha sido posible gracias al esfuerzo de las instituciones y al liderazgo de sus rectores.
Estas son buenas noticias. Como también lo es el mayor número de bachilleres que se graduarán en los próximos años. En el 2008, el total de bachilleres pasó de 471.254 a 647.997 y probablemente alcanzaremos los 700.000 este año, lo que incrementará la demanda por educación superior.
Por ello, entiendo que el punto de partida de esta reflexión debe ser la manera de garantizar que ese dinamismo de las universidades públicas se sostenga y continué.
Empecemos por el debate coyuntural. Para el 2010, los rectores le solicitaron al Gobierno, mediante carta pública, un crecimiento real de su presupuesto de 4,5 por ciento, equivalente a 90.000 millones de pesos adicionales. Luego elevaron su demanda a 150.000 y, finalmente, el Congreso de la República aprobó 160.000 millones, que representan un crecimiento real del 7,06 por ciento de los recursos del 2009. La discusión que plantean ahora los rectores tiene que ver con la forma como se van a distribuir esos recursos.
Estos recursos son adicionales para los presupuestos de las universidades públicas y se distribuyen así: 70.000 millones para ampliación de cobertura a través de un fondo en el Icetex, que van a las universidades públicas de acuerdo con un plan y se garantizan a largo plazo; 30.000 millones que se adicionan al presupuesto de Colciencias para proyectos de investigación en las universidades públicas; 18.000 para el reconocimiento de los descuentos por votación que vienen efectuando las universidades en sus matrículas a los jóvenes sufragantes. Y los 42.000 millones restantes, que hacían parte del presupuesto del Icfes, van a cubrir los desequilibrios generados por el crecimiento de la matrícula y por cambios normativos asociados a la remuneración de los docentes.
En este último punto, en el cual han hecho el mayor énfasis los rectores, necesitamos clarificar las cuentas con las universidades, por cuanto aún no se han allegado cifras consistentes y confiables, y se deben descontar los crecimientos reales que han tenido los recursos en los últimos años. Si contamos desde la aprobación de la Ley 30 en el 92, los aportes del Gobierno Central se han incrementado en 47 por ciento en términos reales.
Pasemos ahora a la discusión estructural y de largo plazo. Como país, para el 2019 nos propusimos el gran reto de alcanzar una cobertura del 50 por ciento y metas exigentes en calidad.
Debemos garantizar el acceso de por lo menos 500.000 nuevos estudiantes y fortalecer el trabajo en investigación e innovación. Debemos pensar en el desarrollo de un sistema público armónico, con presencia de universidades de investigación y de docencia. Se debe reconocer en la financiación el desarrollo en investigación de algunas universidades líderes, pero garantizar que esta actividad llegue a todas las instituciones y a los estudiantes de las regiones a través de la articulación del sistema público. Con tal fin, hay que aumentar los recursos y encontrar formas de distribuirlos con los incentivos correctos, lo que nos lleva a la reforma del artículo 86 de la Ley 30.
Para empezar esta discusión, proponemos preservar el espíritu de la ley en el sentido de garantizar la autonomía y los recursos a las universidades en pesos constantes, pero abrir nuevas fuentes para el sector, con indicadores que permitan la asignación de los recursos de una forma eficiente, eficaz y equitativa. Se oyen propuestas.
Respuesta del Sistema Universitario Estatal -SUE-
Comunicado del 26 de noviembre
En atención al escrito ‘Financiación de las Universidades Públicas: Un debate necesario’ escrito por la Dra. Cecilia María Vélez White, Ministra de Educación Nacional, y que se publicó en el diario El Tiempo el pasado sábado 7 de noviembre, el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal -SUE-, en reunión del 5 de noviembre de 2009 con la señora Ministra y en la que se analizó la situación financiera de las Universidades Públicas, dejó clara su posición con respecto a la situación financiera de nuestras instituciones; hoy se hace necesario que la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto conozca nuestra posición, con la certeza de que será compartida por los argumentos que la sustentan, de igual manera como el Congreso de la República supo ponderar la Carta Abierta enviada al señor Presidente de la República y a los Honorables Senadores y Representantes, y que se publicó en los diarios de circulación nacional el pasado 20 de septiembre de 2009, al hacer incluir en el presupuesto de la Nación, con el aval del Gobierno Nacional, la suma de $70.000 millones adicionales para las Universidades Públicas en el Presupuesto del 2010.
En dicha reunión, y después de un debate por cerca de 4 horas sobre los criterios a tener en cuenta para la distribución de los recursos frescos logrados en el presupuesto vigencia 2010, consideramos que va a ser muy difícil conciliar las cifras construidas por el SUE con las que maneja el MEN, esto debido a que no hay consistencia en la argumentación presentada por la Ministra, dado que unas veces toma como referente el periodo 2003 – 2008, específicamente cuando se refiere al crecimiento de la cobertura en nuestras Universidades, en el que reconoce que las Universidades Públicas aumentaron la cobertura en este periodo en un 30%; sin embargo, cuando va a hablar del crecimiento en los recursos reales nos devuelve al año 1993, es decir 10 años atrás, para afirmar que con respecto al 1992 las transferencias de la Nación han crecido un 47%, dando a entender que en el periodo comprendido entre 1993 y el 2003 las Universidades Públicas permanecieron estáticas. A la fecha de aprobación de la Ley 30, las Universidades Públicas apenas llegaban a 200.000 estudiantes y hoy están bordeando los 600.000; es decir, se ha crecido en un 300% frente a un 47% de crecimiento real en los recursos.
A partir del 2003, año límite que establece la Ministra para sustentar su propuesta para distribuir los $70.000 millones, el crecimiento real en los ingresos para las universidades públicas no ha correspondido con el esfuerzo de éstas para atender una mayor población de colombianos. En el informe social de la Contraloría General de la República, presentado ante la opinión pública el 25 de noviembre pasado, en el campo de la educación superior muestra de manera contundente esta situación. Por lo tanto, consideramos que para todos los efectos, el periodo de referencia para los cálculos y comparaciones debe ser desde 1993, año en el cual entró en vigencia la Ley 30 de 1992.
Las Universidades Públicas en conjunto estamos pidiendo recursos frescos, porque ya no hay más espacio para girar contra la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios que ofrecemos, y además porque para sostener el importante y significativo crecimiento experimentado en el Sistema Universitario Estatal, se deben compensar los gastos crecientes que se han asumido y que no compensan los ingresos reales. En este momento no se está hablando de crecer más, se está hablando de sostener lo que se ha crecido, es decir, hacer viable la Universidad Pública en el país. Para estimular este crecimiento, el Gobierno Nacional debe apropiar otros recursos diferentes a los logrados en el Presupuesto Vigencia 2010.
El desfinanciamiento de las Universidades Públicas es estructural, y está representado fundamentalmente en el pago de los salarios de los docentes, reglamentados por normas como los Decretos 1444 de 1993 y 1279 de 2002, que nunca previeron la fuente para su financiación, así como en los gastos institucionales, es decir en el funcionamiento, los cuales crecen más allá de los ingresos reales. Es de aclarar que tanto los $42.000 millones, antes asignados al ICFES, del presupuesto de las mismas Universidades, para adelantar actividades de Fomento a la Educación Superior, como los $70.0000 millones aprobados por leyes del Congreso con el aval del Gobierno Central, y que valoramos con franqueza, deben atender a esta realidad, la planteada por el Consejo Nacional de Rectores del SUE. No son suficientes los $42.000 millones, tal como afirma la Ministra en el artículo publicado en el diario El Tiempo antes mencionado.
Hay diferencias en las cifras y en la interpretación de éstas, por supuesto, no todos los ingresos de las Universidades en una vigencia son propiedad de éstas y los que lo son, no todos son de libre destinación. El análisis de la realidad financiera de las Universidades no puede reducirse al estado de resultados a los que se refiere el Ministerio para sacar conclusiones y de allí lanzar propuestas; hay que ir más allá, y eso es lo que queremos analizar en los próximos días con la comisión que el Ministerio designe. Aceptamos el debate que propone la señora Ministra y lo daremos como corresponde, con respeto, altura y con firmeza en el marco de la autonomía universitaria que nos asiste constitucionalmente.
JUNTA DIRECTIVA CONSEJO NACIONAL DE RECTORES DEL SUE
Danilo Reinaldo Vivas, Rector Universidad del Cauca – Presidente SUE; Oscar Ibarra, Rector Universidad Pedagógica Nacional – Vicepresidente SUE; Ricardo Gómez, Rector Universidad de Caldas; Oscar Domínguez, Rector Universidad de los Llanos; Ana Sofía Meza, Rectora Universidad del Atlántico; Moisés Wasserman, Rector Universidad Nacional de Colombia – Miembro del CESU; Alberto Uribe Correa, Rector Universidad de Antioquia – Miembro del CESU; Iván Enrique Ramos, Rector Universidad del Valle- Presidente de ASCUN, Luis Enrique Arango, Rector Universidad Tecnológica de Pereira – Miembro Junta Directiva ICETEX.]]>
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